Camilo Umaña, viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa, reportó que unas 5 mil madres cabeza de familia que se encuentren condenadas en cárceles del país por delitos menores, podrán recobrar la libertad si se vinculan a una labor social como medida sustitutiva de la pena.

El viceministro explicó que este es un programa del Gobierno en el que cerca del 30% o 40% de población femenina con sentencia condenatoria, van a poder acceder a este beneficio.

Especificó que además que estén condenadas por delitos menores, se tendrán en cuenta aquellas que hayan delinquido en condición de marginalidad.

“Son mujeres que deben ser cabeza de familia, deben haber sido condenadas por delitos cuya sentencia no exceda los ocho años de prisión o por delitos relacionados con temas de hurto y ciertos temas de estupefacientes y que hayan cometido el delito en condiciones de marginalidad”, precisó el viceministro Camilo Umaña.

Señaló también que no se otorgará en casos de reincidencia de delitos y, sobre los delitos en marginalidad, detalló que, de acuerdo con la ley, es cuando las mujeres se vieron precisadas a delinquir, es decir,  no tuvieron otra alternativa que cometer un delito para sostener su hogar.

Para estos procesos en específico, aseveró que será el juez de ejecución de penas quien deberá valorar cada caso para determinar si el delito en cuestión ocurrió bajo esas condiciones: “El decreto sencillamente establece unas reglas para que el juez pueda decidir en el caso a caso”, dijo Umaña.

Sobre por qué el decreto solo aplica para mujeres cabeza de familia y no para hombres en las mismas condiciones, el funcionario respondió que, tal vez, se podría “avanzar para que acoja” a más, pero lo que se busca “es solventar las condiciones de vulnerabilidad” que “alimentan la criminalidad en el país”.

Añadió que el “sustituto de la pena” será un servicio en beneficio de las comunidades por parte de las mujeres que quedarán en libertad.